Desde sus comienzos, la Ley 26093 de
Regulación y Promoción de los Biocombustibles fue muy compleja de
delimitar por sus impactos potenciales y las interrelaciones que
comprendía; se aprueba la ley, con un importante grado de
discrecionalidad, que le daba al Gobierno la suficiente flexibilidad
para sortear las situaciones que podrían presentarse.
En un principio, se puso énfasis en la regulación para desplegar y consolidar una industria de gran escala que genere divisas por la exportación del biocombustible y ahorre divisas a través de las reducciones de importaciones de diésel, apartándose así del objetivo esencial de la ley que era la promoción de pequeñas y medianas empresas (pymes).
En los últimos tiempos, el marco regulatorio se ha modificado de manera continua. Mediante la Resolución 1339/12 de la Secretaría de Comercio Exterior se estableció un cambio en las alícuotas de los derechos y los reintegros a la exportación de biodiésel, que llevaba a incrementar la tasa de retención de exportaciones efectiva de 14% a 24%. El Gobierno sostenía que la aplicación de dichas políticas consolidarían la actividad, volviéndola más competitiva y rentable, con una distribución más equitativa del ingreso y contribuyendo a un crecimiento sectorial balanceado. Pero esta medida terminó perjudicando a las pymes, al no aplicarse a ellas una alícuota reducida que reconozca su menor competitividad en la industria.
Luego se dicta otra resolución, realizada de manera conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Industria y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, estableciendo el precio de referencia del biodiésel de uso obligatorio en el mercado para el mes de agosto del año 2012 de $4405,30 la tonelada de biodiésel, 15% inferior al precio vigente del mes anterior, con el objetivo de favorecer la nacionalización de YPF mediante una baja en los costos, al ser la petrolera la principal compradora de biocombustible en el país, liberando así recursos para estimular las inversiones de la empresa.
Como se viene exponiendo, estas medidas llevaron a la crisis de algunas pymes del sector, lo que las movilizó hasta obligar al gobierno a elevar a $4.661 el precio de la tonelada de biodiésel y a establecer un sistema de retenciones móviles (que se publicarían cada 15 días), medidas que fueron tomadas en septiembre de 2012 por medio de la Resolución 1719/12, mitigando con ello los efectos adversos de la alta volatilidad de los precios internacionales sobre las decisiones de producción e inversión local.
En respuesta a estos problemas, la Secretaría de Energía de la Nación toma la decisión de segmentar el mercado en tres categorías de empresas proveedoras de biocombustibles: grandes, medianas y pequeñas, favoreciendo con el valor más alto a aquellas firmas de menor envergadura, que recibirán un precio de $5.484,28 la tonelada de biodiésel; las medianas, $5.425,89 la tonelada y las grandes, $4.660,13 la tonelada (precios para febrero de 2013), existiendo una diferencia del17% entre el precio de las empresas de menor y de mayor capacidad productiva.
Este tipo de medida se orientó al logro de nivelar la rentabilidad entre las firmas constitutivas de la industria, con el objetivo de favorecer una coexistencia más equilibrada en la economía y no acentuar un poder monopólico. Sin embargo, han quedado puntos que están sin precisar por parte del Gobierno, como la distribución del cupo de las empresas productoras de biodiésel, la forma de compensación de los excesos de precios pagados por las empresas petroleras a las empresas más pequeñas, y quién asumirá los mayores costos relacionados con el flete.
Lo que muestra esta corta edad de la Ley de Biocombustibles es una gran inseguridad para los sectores involucrados: primero fueron beneficiadas las grandes corporaciones exportadoras, ahora no se sabe si las pymes podrán despertar con interés si aprenden de la experiencia y la convicción que no fueron tenidas en cuenta. Se puede ver la necesidad de que los instrumentos de política sean menos discrecionales y amplíen las libertades individuales de crear, producir, disponer y poder adaptarse sin andadores a los cambios del mundo económico.
Por otro lado, desde la perspectiva del mercado externo de biodiésel, en agosto del 2012, los productores europeos agrupados en la European Biodiesel Board emitieron una queja formal alegando que millones de toneladas de biodiésel provenientes de Argentina e Indonesia estaban ingresando a la Unión Europea (UE) a precios relativamente bajos, sosteniendo que dichos productos deberían provenir de materias primas producidas con base en una agricultura sustentable, planteando con ello una definición bastante controversial.
Este reclamo llevó a que a partir del 30 de enero de 2013 todas la importaciones provenientes de dichos países se deban registrar en la Aduana de la Comunidad y, en forma retroactiva, podría habilitar a la Comisión Europea a cobrar un arancel de importación en el caso de que se obtenga un fallo desfavorable para los intereses argentinos, como resultado de la investigación de antidumping y antisubsidios.
De esta manera, el poderoso lobby de los productores europeos deja afuera al biocombustible argentino por lo menos hasta noviembre del 2013, última fecha que tienen las autoridades europeas para expedirse al respecto. Así surge un nuevo componente de incertidumbre e inseguridad, ya que los importadores no querrán asumir el riesgo de tener que pagar un arancel en forma retroactiva.
Para entender la dimensión del problema, es importante aquí dejar plasmada la envergadura del comercio con Europa, principal mercado al que se destinaba 95% del volumen total exportado y que durante 2012 reflejaba aproximadamente 1.700 millones de dólares. Con el objeto de eludir las medidas arriba mencionadas, se estima que las grandes empresas multinacionales triangulen el comercio de biocombustible por medio de terceros países no pertenecientes a la UE.
La reciente controversia con la Unión Europea, más los vaivenes de la política Argentina sobre la industria de biodiésel, seguramente traerán consecuencias en la fabricación del biocombustible disminuyendo su producción y desviando recursos a la industria aceitera, sector en el cual Argentina es formadora de precios al participar con 50% del volumen comercializado en el mercado mundial. En este sentido, es de esperar que el precio del aceite de soja caiga, dada la imposibilidad de transformarlo en biodiésel, lo que impactará en la formación de los valores para el grano de soja.
Por esos motivos, se solicitaba al Gobierno que incremente los cortes de gasoil a 10% en los vehículos y a 20% en el transporte de carga. Ese aumento se otorgó mediante la Nota 1723, que ordena que entre abril y junio se eleve progresivamente el corte en uno por ciento mensual hasta llegar a la meta de 10% al primero de junio del corriente año.
Es muy pronto para evaluar sus resultados, pero, por un lado, se reduciría la necesidad de importación de diésel y aumentaría la demandada tanto de biocombustibles como de aceite de soja. Por el otro, incrementaría el costo de los combustibles ya que el precio del biodiésel es más caro que el del diésel, y se podría dificultar el cumplimiento de los precios tope de comercialización de hidrocarburos fijado por la Secretaría de Comercio Interior (Resolución Nº 35/2013), que tiene como objetivo establecer precios máximos a todos los combustibles para los próximos meses.
* Investigadores del Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba
Fuente: Comercio y justicia
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